“Datos + gobierno abierto + tecnología = más transparencia, mejor política”. Esta ecuación que Juan Varela describe en su blog Periodistas 21 como democracia 3.0, no se da hasta ahora en España, donde los gobernantes han mantenido en la más absoluta oscuridad cualquier información relativa a la gestión de lo público. Hasta ahora, pues el Consejo de Ministros está pendiente de aprobar el anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a los Ciudadanos a la Información Pública, cuyo contenido se ha conocido ya en parte.
Esta ley, que el PSOE se comprometió a desarrollar ya en 2004, garantizará el acceso de cualquier ciudadano a la información pública sin necesidad de justificar el porque y permitirá avanzar hacia un modelo de gobierno abierto y mayor participación ciudadana. Un camino que ya han iniciado países como Estados Unidos, Gran Bretaña o, en España, Euskadi.
Sin embargo, la ley ya ha generado críticas antes y todo de aprobarse. Así, Cesar Calderón argumenta en su blog que la ley de transparencia “ha nacido de forma oscura (...) pues prácticamente no se ha consultado a asociaciones ni empresas infomediarias”.
Otras de las críticas, si bien el conocimiento de la propuesta es limitado pues aún no se ha hecho público su contenido, son que será una ley de transparencia proactiva, y un uso escaso de las TIC.
Finalmente, se teme que la ley sea demasiado restrictiva, con límites superiores a los recomendados por el Consejo de Europa. Así, instituciones como el Congreso o el Senado quedan excluidos de la ley y también se mantendrá el hermetismo sobre seguridad, defensa y política exterior.
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