Cada vez que se celebran campañas electorales en EEUU, éstas baten
nuevos récords de recaudación, con cifras astronómicas que provienen
sobre todo de grandes lobbies empresariales. La organización Change Congress, impulsada por Lawrence Lessig,
está llevando a cabo una campaña ciudadana a través de internet para
acabar con este tipo de financiación, que es la raíz de la corrupción
política y de la desconfianza ciudadana en el sistema democrático.
En 2003, la Organización Mundial de la Salud
estableció que una dieta saludable debe basarse en tan sólo un 10% de
azúcar diario, pero a la industria del azúcar estadounidense no le
gustó esa decisión, y presionó al gobierno de EEUU hasta conseguir que
US Food and Drug Administration recomendara a sus ciudadanos una dieta
con el 25% de dulces. Este es uno de los ejemplos que ofrece Lawrence
Lessig en la web Change Congress, y que ilustra el poder que las
grandes empresas ejercen en las decisiones políticas de ese país, cuyo
origen se encuentra en las grandes sumas de dinero que las compañías
ofrecen a los candidatos en su carrera hacia la Casa Blanca.
Change Congress, que puede seguirse también desde twitter, facebook y myspace, basa su campaña en pedir a los políticos de todos los partidos que
asuman el compromiso de no aceptar dinero de los lobbies, que apoyen la
subvención pública de las elecciones y que detengan las decisiones en
el Congreso que estén basadas en criterios empresariales y no de bien
común, mostrando en la web de la organización quienes han aceptado
estas premisas y quienes no lo han hecho. Change Congress, que arrancó el pasado mes de marzo, tiene el apoyo de una decena de organizaciones ciudadanas que trabajan por la transparencia en la financiación de las campañas, entre ellas MapLight.org, que muestra las conexiones entre decisiones políticas e intereses empresariales y Public Campaign,
dedicada a la promoción de un sistema de financiación público. Durante
estos últimos meses la campaña Change Congress ha movilizado a un gran
número de ciudadanos, lo que contrasta con los bajos índices de
participación que acostumbran a darse en las elecciones
norteamericanas, y cuenta con el apoyo de 10 senadores y 60 miembros
del Congreso, al menos en lo que se refiere a promocionar la
financiación pública.